El terremoto que sacudió a Venezuela el 24 de junio de 2026 no fue únicamente una tragedia natural. Fue también una radiografía brutal del Estado venezolano. Un terremoto no se puede evitar. Pero el nivel de preparación, la velocidad de respuesta, la existencia de protocolos, la presencia de ambulancias, bomberos, linternas, equipos de rescate, centros de mando, hospitales operativos y coordinación entre autoridades sí dependen del Estado. Y allí está el punto central: la tragedia no solo mostró grietas en edificios. Mostró grietas mucho más profundas en la arquitectura institucional del país.
En los videos que he visto, lo que aparece no es un Estado organizado respondiendo a una emergencia. Lo que aparece es gente común tratando de resolver con las manos lo que debió resolver una institucionalidad preparada. No se ve una operación profesional de rescate. No se ve una cadena clara de mando. No se ve una red de ambulancias actuando de forma coordinada. No se ve una movilización ordenada de bomberos con equipos suficientes. No se ve iluminación adecuada. No se ve planificación. Lo que se ve es improvisación, angustia, desorden y ciudadanos abandonados a su suerte. Eso no es casualidad. Eso es exactamente lo que ocurre cuando un Estado deja de ser una institución al servicio de la sociedad y se convierte en una estructura orientada a preservar poder.
La emergencia como prueba de verdad institucional
Las emergencias tienen una virtud terrible: eliminan la propaganda. Un gobierno puede construir discursos. Puede controlar medios. Puede esconder cifras. Puede manipular narrativas. Puede decir que todo funciona. Pero cuando ocurre un terremoto, la verdad aparece en la calle. La pregunta no es solamente cuántas personas fueron rescatadas. La pregunta de fondo es otra:
¿Existía un sistema real para rescatarlas?
Porque en una emergencia de esta magnitud, cada minuto cuenta. Cada hora perdida puede significar vidas perdidas. Una persona atrapada bajo escombros no necesita discursos ideológicos. Necesita oxígeno. Necesita silencio operativo para escuchar voces. Necesita perros de rescate. Necesita cámaras térmicas. Necesita equipos hidráulicos. Necesita médicos. Necesita ambulancias. Necesita bomberos. Necesita coordinación.
Y eso solo existe cuando hay instituciones.
No basta con tener ministerios. No basta con tener uniformes. No basta con tener cadenas presidenciales. No basta con decir que hay “pueblo organizado”. En una catástrofe, la organización real se mide en capacidad operativa: quién llega, con qué equipo, bajo qué mando, con qué protocolo y en cuánto tiempo.
Venezuela no sufre solo por el terremoto: sufre por la captura del Estado
En mi libro Transición de Estado Capturado sostengo que el problema venezolano no puede entenderse únicamente como el problema de un gobierno autoritario. Venezuela es un caso más profundo: un Estado cuyas instituciones fueron progresivamente subordinadas a una arquitectura de preservación del poder. Ese concepto es clave para entender lo que vimos después del terremoto.
Cuando un Estado está capturado, las instituciones dejan de actuar según su función natural. La policía deja de ser una institución de protección ciudadana y se convierte en instrumento de control. La justicia deja de ser árbitro y se convierte en mecanismo de intimidación. Las empresas públicas dejan de ser activos nacionales y se convierten en redes patrimoniales. Los organismos de emergencia dejan de ser sistemas profesionales y se convierten en estructuras politizadas, desfinanciadas o simbólicas. El resultado aparece con crudeza cuando llega una catástrofe.
| Institución que debería funcionar | Lo que debería hacer en un terremoto | Lo que revela su ausencia o debilidad |
| Bomberos | Rescate técnico, control de estructuras, atención inmediata | Falta de preparación, equipos y despliegue |
| Ambulancias | Traslado rápido de heridos | Colapso sanitario y ausencia logística |
| Protección Civil | Coordinación nacional de emergencia | Desorden operativo y falta de mando |
| Hospitales | Recepción masiva de heridos | Sistema de salud debilitado |
| Policía y seguridad | Control de perímetros, rutas de evacuación, orden público | Improvisación y caos |
| Gobierno local | Centros de acopio, refugios, información confiable | Descoordinación territorial |
| Sociedad civil | Apoyo complementario | Sustitución forzada del Estado |
Cuando el ciudadano común tiene que convertirse simultáneamente en rescatista, médico, policía, transportista, organizador de acopio y fuente de información, no estamos ante una “solidaridad popular” como virtud del régimen. Estamos ante la sustitución desesperada de un Estado que no cumplió su función.
El gobierno no solo falla: también estorba
Hay un punto todavía más grave. En una emergencia, un gobierno funcional no compite contra la sociedad civil. La organiza. La facilita. La protege. La coordina. Si un grupo privado quiere crear una zona de acopio para recibir agua, alimentos, medicinas, linternas, baterías, carpas o insumos médicos, el Estado debería ayudar. Debería abrir canales. Debería publicar mapas. Debería habilitar rutas. Debería facilitar combustible. Debería garantizar seguridad. Debería permitir que empresas, iglesias, universidades, vecinos, asociaciones civiles y comunidades organizadas actúen con rapidez.
Pero en un Estado capturado, incluso la ayuda privada puede ser vista como una amenaza política.
¿Por qué? Porque una sociedad civil que ayuda demuestra que el poder no es indispensable. Una red privada que organiza acopio demuestra que hay capacidad fuera del partido. Un grupo de vecinos que rescata heridos demuestra que la legitimidad puede nacer desde abajo. Y un régimen que ha construido su poder sobre el control no tolera fácilmente que otros actores aparezcan como eficaces, solidarios y necesarios.
Por eso el problema no es solo la incapacidad. Es algo peor: la combinación entre incapacidad y control.
El gobierno no resuelve, pero tampoco deja resolver. No llega a tiempo, pero regula al que llega. No tiene equipos suficientes, pero sospecha del que trae equipos. No organiza bien, pero interfiere con quienes sí pueden organizar. Esa es una de las expresiones más crueles de la captura del Estado: cuando el poder prefiere administrar el desastre antes que permitir que otros salven vidas sin pasar por su control político.
La tragedia demuestra que la transición no puede limitarse a elecciones
Aquí está el vínculo directo con la Teoría de la Transición de Estado Capturado.
Durante años, parte de la discusión venezolana ha reducido el problema a una pregunta: ¿cómo sacar al gobierno? Esa pregunta es importante. Pero es insuficiente. Después del terremoto, la pregunta correcta es mucho más profunda:
¿Qué tipo de Estado va a existir al día siguiente?
Porque si mañana cambia el gobierno, pero siguen destruidos los bomberos, la Protección Civil, el sistema hospitalario, la policía, la administración pública, los registros, las gobernaciones, las alcaldías, las empresas de servicios y los sistemas de información, entonces Venezuela no habrá resuelto su problema. Solo habrá cambiado la cúpula política de un Estado que sigue sin funcionar.
Una transición real no puede limitarse a una juramentación, una elección o un acuerdo político. Tiene que reconstruir capacidades concretas.
La tragedia del terremoto lo demuestra mejor que cualquier teoría: el ciudadano no vive de discursos institucionales. Vive o muere según funcionen las instituciones.
Estados Unidos debe entender algo: a ellos también les conviene un Estado venezolano funcional
Este punto es fundamental para Washington. A Estados Unidos no hay que pedirle ayuda solo por compasión. La compasión puede mover una declaración. Pero el interés mueve una estrategia.
Y el interés de Estados Unidos es claro: necesita una Venezuela con instituciones funcionando.
No por romanticismo democrático. No por idealismo. No por caridad. Por interés económico, energético, migratorio, geopolítico y de seguridad. Una Venezuela sin instituciones produce migración masiva, crimen transnacional, redes de corrupción, inestabilidad petrolera, penetración de adversarios geopolíticos, crisis humanitarias recurrentes y oportunidades para actores como Irán, Rusia, Cuba o China. Una Venezuela institucionalmente reconstruida, en cambio, puede ofrecer estabilidad energética, recuperación de activos, oportunidades de inversión, control territorial, cooperación migratoria, seguridad regional y un mercado de reconstrucción enorme para empresas occidentales.
Dicho de forma directa: a Estados Unidos le conviene egoístamente que Venezuela tenga instituciones.
Le conviene que haya tribunales que protejan contratos. Le conviene que haya policía profesional que controle territorio. Le conviene que haya puertos funcionales. Le conviene que haya hospitales operativos. Le conviene que haya bomberos, protección civil, aeropuertos, electricidad, telecomunicaciones y registros públicos. Le conviene que un inversionista pueda entrar sin depender de una red de corrupción o de un permiso político.
La reconstrucción institucional de Venezuela no es una concesión moral a los venezolanos. Es una inversión estratégica para Estados Unidos.
El terremoto como mensaje a Trump, Rubio y Washington
Si la oposición venezolana quiere negociar bien con Estados Unidos, debe dejar de hablar únicamente en términos de elecciones y sanciones. Debe hablar en términos de reconstrucción del Estado.
El mensaje correcto a Washington debería ser:
“Ustedes quieren estabilidad. Nosotros también. Ustedes quieren seguridad energética. Nosotros también. Ustedes quieren reducir migración. Nosotros también. Ustedes quieren frenar la penetración de actores hostiles. Nosotros también. Pero nada de eso será sostenible si Venezuela sigue siendo un Estado capturado e institucionalmente destruido.”
Ese es el punto que hay que hacer entender. Estados Unidos puede ganar mucho con una Venezuela reconstruida. Pero puede perder mucho si confunde un cambio político superficial con una transición real.
Porque una Venezuela sin instituciones seguirá siendo un problema aunque cambie el nombre del presidente.
La verdadera lección del terremoto
El terremoto dejó una lección dolorosa: Venezuela no está preparada para proteger a su población porque su Estado fue desmontado desde adentro. La tragedia natural reveló la tragedia institucional.
Cuando no hay ambulancias visibles, no es solo un problema de vehículos. Es un problema de prioridades públicas. Cuando no hay bomberos suficientes, no es solo un problema de presupuesto. Es un problema de Estado. Cuando no hay linternas, equipos, perros de rescate, comunicación, mando y centros de acopio coordinados, no estamos ante una falla menor. Estamos ante el resultado acumulado de años de destrucción institucional. Y cuando el gobierno, además de no resolver, entorpece la acción de privados y comunidades que quieren ayudar, entonces la emergencia deja de ser únicamente humanitaria y se convierte en evidencia política.
El Estado venezolano no necesita maquillaje. Necesita reconstrucción.
No necesita más propaganda. Necesita capacidad.
No necesita más control. Necesita instituciones.
No necesita un cambio superficial. Necesita una Transición de Estado Capturado.
El terremoto del 24 de junio de 2026 debe ser recordado no solo por los edificios que cayeron, sino por el Estado que no apareció. Porque en una emergencia, el Estado se ve o no se ve.
Y en Venezuela, demasiadas veces, lo que se ve es al ciudadano solo, al vecino improvisando, al privado tratando de ayudar, al familiar buscando heridos y al gobierno llegando tarde, mal o simplemente estorbando.
Por eso mi mensaje es claro: la reconstrucción de Venezuela no puede esperar al día después. Hay que empezar a diseñarla desde ahora.
Estados Unidos debe entenderlo por su propio interés. La oposición debe explicarlo con inteligencia. Y los venezolanos debemos repetirlo sin miedo: sin instituciones no hay transición; sin Estado funcional no hay libertad sostenible; y sin reconstrucción institucional, cualquier cambio político será apenas una pausa entre dos fracasos.
Por Emir Moros Adams
26 de junio 2026