La oposición venezolana enfrenta una paradoja histórica: después de años de lucha, persecución, exilio y resistencia, puede terminar llegando tarde al momento más importante del proceso político venezolano. No porque carezca de legitimidad. No porque le falte apoyo popular. No porque no haya demostrado capacidad de movilización.
El riesgo es otro: que siga preparándose para competir electoralmente mientras otros diseñan la arquitectura real de la transición.
La pregunta decisiva ya no es solamente cuándo habrá elecciones. La pregunta es quién está diseñando las reglas, incentivos, instituciones y garantías bajo las cuales Venezuela podría salir de un Estado capturado.
Y allí aparece el problema central: gran parte de la oposición continúa actuando como si Venezuela enfrentara una transición democrática clásica, cuando en realidad enfrenta un fenómeno distinto que he definido y desarrollado como una Transición de Estado Capturado (TEC). Este marco teórico parte de una premisa fundamental: Venezuela no enfrenta únicamente el desafío de sustituir un gobierno o celebrar elecciones competitivas, sino el de desmontar una estructura de poder donde el control político, institucional, judicial, económico y coercitivo se ha integrado dentro de una misma arquitectura de autoprotección.
A partir de este enfoque, he desarrollado además el concepto de descaptura institucional como condición necesaria para una transición sostenible, así como la Transformación Estratégica de Incentivos de Salida (TEIS), un mecanismo orientado a modificar los cálculos de costo-beneficio de los distintos actores que sostienen el sistema, facilitando fracturas internas, cooperación institucional y procesos de transición más estables y menos traumáticos.
Desde esta perspectiva, la discusión ya no puede limitarse a elecciones, candidaturas o acuerdos políticos tradicionales. La cuestión central pasa a ser cómo reconstruir las instituciones del Estado y cómo transformar los incentivos que han permitido la permanencia y reproducción del sistema durante más de dos décadas.
María Corina Machado ha mantenido una línea de legitimidad electoral, retorno político y exigencia de elecciones libres. Edmundo González representa el mandato electoral desconocido de 2024. Leopoldo López sigue insistiendo en la expectativa de elecciones después de años de lucha democrática. Juan Pablo Guanipa sostiene que Venezuela se encamina hacia elecciones. Henrique Capriles, con más cautela, advierte que no se puede hablar todavía de transición real. Antonio Ledezma mantiene una postura de presión internacional y denuncia del continuismo chavista. Y Marco Rubio ha planteado una ruta de estabilización, recuperación y transición.
Cada uno de esos elementos tiene valor. Pero ninguno, por sí solo, resuelve el núcleo del problema venezolano. Venezuela no necesita únicamente elecciones.
Necesita descaptura institucional.
El error: confundir salida electoral con transición real
El debate opositor sigue atrapado en una lógica electoral: quién será candidato, cuándo serán las elecciones, quién regresa al país, quién representa la legitimidad, quién puede ocupar espacios en una eventual transición. Pero una elección puede cambiar autoridades sin transformar el sistema. Ese es el riesgo venezolano.
Después de más de dos décadas, el poder no se sostiene únicamente por ideología ni por control electoral. Se sostiene por una arquitectura compuesta por cuatro pilares: control institucional, acceso a rentas, blindaje judicial y control coercitivo. En un autoritarismo clásico, el régimen controla el Estado. En Venezuela, el régimen se integró dentro del Estado.
Por eso la caída de un líder, la liberación parcial de presos políticos o la promesa de elecciones no equivale automáticamente a transición democrática. La verdadera transición comienza cuando se desmontan los mecanismos que hacen racional permanecer dentro del sistema.
Lo que cada actor está proponiendo
María Corina Machado propone legitimidad democrática, elecciones libres, retorno político y defensa del mandato popular. Su fortaleza es la claridad moral y electoral. Su debilidad estratégica es que el discurso público sigue concentrado en la competencia democrática más que en la ingeniería institucional de la descaptura.
Edmundo González representa la continuidad del mandato electoral de 2024. Su papel es fundamental como símbolo de legitimidad democrática. Pero el mandato electoral necesita convertirse en arquitectura de gobierno, reforma judicial, recuperación de activos y reconstrucción del aparato estatal.
Julio Borges y Tomás Guanipa, desde Primero Justicia y sus espacios de influencia, representan sectores que históricamente han apostado por negociación, presión internacional y salida electoral. El problema es que una estrategia electoral sin reforma institucional previa puede terminar legitimando una transición incompleta.
Marco Rubio ha planteado una secuencia: estabilización, recuperación y transición. Es una ruta políticamente comunicable y estratégicamente comprensible. Pero su riesgo es evidente: si se estabiliza Venezuela sin descapturar el Estado, la estabilización puede terminar financiando la continuidad de la estructura capturada.
Lo que están haciendo
La oposición está buscando reposicionarse. Unos buscan regresar. Otros buscan influir. Otros buscan reconocimiento. Otros se preparan para elecciones. Otros intentan recuperar espacios políticos internos.
Nada de eso es ilegítimo.
El problema es que el momento histórico exige algo más. La oposición debería estar produciendo una propuesta formal de transición estructural para presentarla ante Marco Rubio, Donald Trump, el Departamento de Estado, el Congreso estadounidense, la OEA, la Unión Europea y los principales centros de pensamiento de Washington.
Debería estar discutiendo cómo reformar el Poder Judicial. Debería estar proponiendo una comisión independiente de verdad e investigación. Debería estar diseñando mecanismos de recuperación internacional de activos. Debería estar planteando cómo depurar cuerpos de seguridad sin destruir el Estado. Debería estar proponiendo incentivos diferenciados para fracturar la cohesión interna del bloque dominante. Debería estar llevando a Washington una tesis clara: sin descaptura institucional, no habrá transición real.
Lo que están omitiendo
La gran omisión de la oposición venezolana es que no ha convertido la descaptura del Estado en el centro de su agenda.
Habla de elecciones. Habla de legitimidad. Habla de presos políticos. Habla de regreso. Habla de reconocimiento. Habla de unidad.
Pero no habla con suficiente precisión de los mecanismos que permitirían transformar el Estado.
La oposición debe responder preguntas que hoy siguen abiertas:
¿Cómo se reformará el Tribunal Supremo de Justicia? ¿Cómo se reconstruirá el Ministerio Público? ¿Cómo se depurarán los cuerpos de inteligencia? ¿Cómo se protegerá a funcionarios cooperantes sin garantizar impunidad general? ¿Cómo se recuperarán activos saqueados? ¿Cómo se distinguirá entre responsables de crímenes graves, operadores administrativos y actores cooperativos? ¿Cómo se impedirá que una nueva élite capture las instituciones bajo apariencia democrática? ¿Cómo se evitará que la transición sea solo un cambio de rostro?
Estas son las preguntas que deberían estar en la mesa. No después de las elecciones. Antes.
Washington es hoy el campo de batalla estratégico
La oposición venezolana parece seguir actuando como si la batalla principal estuviera exclusivamente en Caracas. Pero una parte decisiva del futuro venezolano se está definiendo en Washington.
Allí se discuten sanciones. Allí se discute petróleo. Allí se discute inversión. Allí se discute normalización diplomática. Allí se discute seguridad regional. Allí se discute migración. Allí se discute cooperación judicial. Allí se discute el tipo de transición que Estados Unidos está dispuesto a respaldar.
Si la oposición no lleva una propuesta estructurada, otros llenarán ese vacío. Y ese vacío puede ser llenado por una lógica peligrosa: estabilizar primero, recuperar después, democratizar algún día. Ese orden puede parecer prudente. Pero en un Estado capturado puede ser fatal.
Porque estabilizar sin descapturar puede fortalecer a las mismas redes que se pretende desmontar.
La Descaptura También Es un Negocio para Estados Unidos
Existe una razón adicional por la cual la oposición venezolana debería estar promoviendo activamente una agenda de descaptura institucional ante Washington: incluso desde una perspectiva estrictamente pragmática, económica y geopolítica, una Venezuela descapturada beneficia más a Estados Unidos que una Venezuela simplemente estabilizada.
Si el objetivo estadounidense fuese únicamente acceder a mayores volúmenes de petróleo, gas, minerales estratégicos y oportunidades de inversión, la descaptura seguiría siendo la mejor opción. Las economías capturadas generan incertidumbre jurídica, corrupción, arbitrariedad regulatoria y elevados riesgos contractuales. Las empresas pueden invertir, pero invierten menos. Pueden producir, pero producen por debajo de su potencial. Pueden obtener ganancias, pero exigen primas de riesgo que encarecen cada proyecto.
Una Venezuela donde permanezcan intactos los mecanismos de captura judicial, administrativa y patrimonial seguirá siendo un mercado de alto riesgo. Los contratos estarán expuestos a disputas futuras, los inversionistas exigirán mayores retornos para compensar la incertidumbre y el flujo de capital será inferior al que podría recibir un país con instituciones creíbles.
Por el contrario, una Venezuela que avance en la reforma judicial, la transparencia institucional, la recuperación de activos y la reconstrucción del Estado ofrecería condiciones mucho más atractivas para la inversión estadounidense. El resultado sería más producción petrolera, más desarrollo gasífero, más inversión privada, mayor crecimiento económico y una relación mucho más estable y rentable para ambas partes.
En otras palabras, la descaptura institucional no es solamente una exigencia democrática venezolana. También es una decisión económicamente racional para Estados Unidos. Una Venezuela simplemente estabilizada puede generar negocios. Una Venezuela descapturada puede generar mucho más valor, mucha más inversión y mucha más riqueza.
Por eso la pregunta estratégica para Washington no debería limitarse a cómo estabilizar Venezuela. Debería ser cómo reconstruir las instituciones venezolanas para maximizar la estabilidad, la inversión y el potencial económico del país durante las próximas décadas.
Esta versión tiene una ventaja importante: no parece que estés pidiendo a Estados Unidos que actúe por altruismo o por defensa de la democracia. Le estás diciendo que la descaptura coincide con sus propios intereses económicos, energéticos y geopolíticos, lo cual suele ser un argumento mucho más persuasivo para responsables de política pública.
La propuesta que debería llevarse a Rubio y Trump
La oposición venezolana debería presentarle a Washington una agenda concreta basada en seis puntos:
- Creación de una comisión independiente de investigación y verdad, con respaldo internacional.
- Reforma judicial verificable, incluyendo mecanismos de depuración y rediseño de nombramientos.
- Reconfiguración del aparato coercitivo, especialmente inteligencia, cuerpos policiales y cadenas de mando politizadas.
- Cooperación internacional para rastreo, congelamiento y recuperación de activos.
- Transformación Estratégica de Incentivos de Salida, combinando garantías diferenciadas para actores cooperantes y presión focalizada sobre sectores irreductibles.
- Elecciones bajo nueva arquitectura institucional, no como punto de partida sino como culminación de una transición real.
Esta agenda no contradice la propuesta de Rubio.
La fortalece. La estabilización es necesaria. La recuperación económica es necesaria. Las elecciones son necesarias. Pero ninguna de esas tres fases garantiza, por sí sola, la reconstrucción del Estado.
El peligro de preservar demasiado
Estados Unidos aprendió de Irak, Libia y Siria que destruir instituciones puede producir caos. Esa lección es correcta. Pero Venezuela plantea el problema inverso. Aquí el riesgo no es destruir demasiado. El riesgo es preservar demasiado.
Preservar intactos los mecanismos judiciales, coercitivos y patrimoniales del viejo sistema puede producir una transición aparente, pero no una transformación real. El resultado sería una democracia superficial: nuevas autoridades, viejas estructuras, nuevas elecciones, mismos incentivos. Eso no sería transición. Sería reacomodo.
La responsabilidad histórica de la oposición
La oposición venezolana tiene derecho a prepararse para elecciones. Pero tiene el deber histórico de prepararse para gobernar un Estado que deberá ser reconstruido desde sus cimientos institucionales. Y gobernar no significa únicamente ocupar cargos. Gobernar significa diseñar instituciones.
La oposición no puede limitarse a esperar que Washington defina la transición.
Debe influir en esa definición. Debe producir propuestas serias. Debe llevarlas al Congreso. Debe presentarlas al Departamento de Estado. Debe discutirlas con Rubio. Debe hacerlas llegar a Trump.
Debe explicar que Venezuela no enfrenta solamente una dictadura, sino un Estado capturado. Y debe advertir que sin descaptura institucional, cualquier transición puede fracasar incluso después de unas elecciones exitosas.
Conclusión
La oposición venezolana corre el riesgo de cometer un error histórico: prepararse para ganar elecciones sin participar en el diseño de la transición. El país no necesita únicamente una ruta electoral. Necesita una arquitectura de reconstrucción institucional.
La pregunta central no es solo cuándo votarán los venezolanos. La pregunta central es bajo qué Estado votarán. ¿Un Estado todavía capturado? ¿O un Estado en proceso real de descaptura?
Esa diferencia definirá el futuro de Venezuela.
La transición no comenzará el día que se anuncie una elección. Comenzará el día que exista una estrategia seria para desmontar los mecanismos que capturaron al Estado venezolano.
Y si la oposición no lidera
Por Emir Moros Adams
29 de mayo 2026