La transición política que Venezuela enfrenta hoy no puede analizarse bajo los parámetros de las transiciones clásicas observadas en Chile, Argentina o Polonia. Comparar el caso venezolano con esas experiencias es metodológicamente incorrecto si no se reconoce una variable estructural decisiva: la naturaleza del régimen que debe desmontarse. En la literatura comparada sobre transiciones (O’Donnell, Schmitter, Przeworski), el supuesto central es que el régimen autoritario constituye un sistema político que controla el Estado, pero que conserva una estructura institucional reconocible y diferenciada de redes criminales estructurales. En el caso venezolano, esta premisa resulta insuficiente.
No puede pensarse como una “transición democrática óptima” si no se reconoce la singularidad del régimen venezolano. No se trata simplemente de una dictadura militar o de un partido hegemónico. Se trata de un Estado capturado por una red híbrida político-criminal, con soporte internacional, instituciones fracturadas e incentivos estructuralmente perversos para la conservación del poder. Esta distinción no es retórica; es jurídica, estratégica y política. Una comprensión imprecisa de esta realidad podría conducir a diseños de política subóptimos hacia Venezuela. En particular, la política exterior de Estados Unidos, si no altera selectivamente los incentivos internos del régimen, podría de manera no intencional reforzar la cohesión de la coalición dominante en lugar de propiciar su transformación.
Este diagnóstico exige definir con precisión qué se entiende por Estado Capturado. En este contexto, la captura institucional alude a la colonización sistemática de órganos del Estado por redes que subordinan la legalidad formal a intereses particulares, erosionando la distinción entre autoridad pública y beneficio privado. El Estado deja así de operar como árbitro neutral y pasa a funcionar como instrumento de reproducción de intereses privados incrustados en su propia estructura.
- Dictadura clásica vs. Estado criminal capturado
Esta comparación lo resume con precisión:
| Variable | Transición clásica (Chile/Argentina/Polonia) | Caso Venezuela |
| Naturaleza del régimen | Autoritarismo militar o partido hegemónico ideológico | Red híbrida político-criminal |
| Estructura de incentivos dominantes | Pérdida del poder político + Presión social + crisis económica + agotamiento militar | Prisión internacional + pérdida de rentas ilícitas + Presión social con bajo impacto en élite + |
| Entorno estratégico externo | Lucha ideológica en medio de la Guerra Fría | Presión geopolítica derivada de percepción de riesgo para Estados Unidos y la región |
| Fuerza Armada | Actor institucional con doctrina | Actor penetrado por redes de lealtad y economía ilícita |
| Apoyo internacional | Aislamiento progresivo | Soporte estratégico de Rusia, China e Irán |
| Riesgo en transición | Juicios internos | Exposición penal transnacional |
Este cuadro muestra por qué las herramientas de transición del pasado —pactos de élites, amnistías amplias y garantías amplias para todos los actores— no funcionan en un contexto donde el poder no está motivado solo por sobrevivir en el cargo, sino por preservar la libertad personal y los beneficios de la red criminal. En Chile, la transición implicaba negociar garantías para militares que buscaban preservar la institución. En Polonia, el Partido Comunista negociaba ante un colapso ideológico irreversible.
En Venezuela, la élite gobernante enfrenta:
- Sanciones individuales internacionales.
- Investigaciones por narcotráfico.
- Riesgo en múltiples jurisdicciones.
- Intereses económicos extraterritoriales.
- Redes de financiamiento ilícito que sostienen poder político.
Esto altera la teoría clásica de transición. La cuestión central deja de ser simplemente cómo abandonar el poder y pasa a ser cómo hacerlo sin perder libertad personal, patrimonio y protección internacional. Estos incentivos son internos al régimen y configuran su racionalidad estratégica. En contraste, la presión derivada de la percepción de Venezuela como riesgo para la seguridad de Estados Unidos constituye una variable externa que altera el entorno, pero no modifica automáticamente el cálculo individual de la élite gobernante. En términos analíticos, se trata de distinguir entre una estructura de incentivos endógena y una presión estratégica exógena. Ahí reside la singularidad venezolana. Desde la teoría de coaliciones autoritarias, los regímenes no se sostienen por una sola figura central, sino por una coalición de actores que distribuyen beneficios selectivos a cambio de lealtad política. En el caso venezolano, dicha coalición se articula en torno al control institucional, el acceso a rentas formales e informales y la protección frente a riesgos penales. Si la transición amenaza simultáneamente estos tres pilares sin ofrecer salidas diferenciadas, la coalición tenderá a cerrarse en lugar de fracturarse. En consecuencia, la política exterior de Estados Unidos que no altere selectivamente esos incentivos tenderá a fortalecer la cohesión de la coalición dominante. La experiencia comparada muestra que las transiciones exitosas se producen cuando la coalición dominante deja de ser homogénea. En este contexto de Estado capturado, la fractura no ocurre por presión generalizada, sino por diferenciación estratégica de incentivos que altere los costos individuales de permanecer dentro de la coalición. Sin ese diseño calibrado, la cohesión interna tiende a reforzarse. El régimen chavista —especialmente bajo los años finales de Maduro y su captura en 2026— no se comporta como un régimen militar clásico; sus estructuras están vinculadas a redes de corrupción, narcotráfico, clientelismo y relaciones geopolíticas con potencias cuyos intereses estratégicos no necesariamente coinciden con un proceso de democratización institucional profunda.
- Por qué esta transición exige un nuevo modelo
La Transición de Estado Capturado es un proceso de reconfiguración institucional en el cual el objetivo no es únicamente la alternancia política, sino la reconstrucción de la autonomía estatal frente a redes que instrumentalizaron su estructura. Por ello, Venezuela no necesita solo reformas o elecciones libres, necesita una arquitectura de transición diseñada para revertir la captura institucional, restablecer el Estado de derecho y asegurar que la justicia no sea manual de impunidad ni sistema de venganza. Ese marco no existe en las experiencias clásicas de transición. Por eso propongo conceptualizar el proceso venezolano como:
Transición de Estado Capturado (TEC)
TEC es un modelo de transición política que parte de tres premisas fundamentales:
- El régimen no es solo autoritario: es un sistema político incrustado en redes criminales transnacionales.
- Las fuerzas del orden, el sistema judicial y la administración pública requieren depuración profunda, no solo concesiones superficiales.
- La transición no se sostiene si no existe un diseño legal que genere incentivos para desactivar esas redes y atraer a actores cooperantes sin sacrificar justicia.
Esto altera completamente la lógica del derecho transicional.
III. ¿Qué es el derecho transicional tradicional?
En transiciones políticas clásicas a la democracia se recurre a herramientas como:
🔹 Amnistías políticas parciales — para aliviar tensiones y fomentar negociaciones (por ejemplo, Chile y Argentina en los 80s).
🔹 Garantías de no persecución para actores del régimen saliente — para facilitar la integración posterior.
🔹 Comisiones de la verdad y reparación — como mecanismos de reconciliación nacional pero dentro de un marco de Estado con instituciones intactas.
Desde la teoría institucional, esto implica pasar de un “equilibrio autoritario basado en rentas ilícitas” a un “equilibrio democrático basado en reglas formales”. En el caso venezolano, ese equilibrio autoritario adopta una dimensión transnacional particularmente acentuada. Los actores dominantes se encuentran atrapados en un esquema donde cooperar con la transición puede implicar autoincriminación o exposición penal en múltiples jurisdicciones. Por ello, el diseño jurídico no es accesorio sino central. Las herramientas clásicas de transición funcionan cuando el régimen conserva instituciones con cierto grado de autonomía. No resultan igualmente eficaces en un contexto donde el tejido institucional ha sido capturado por redes que subordinan la legalidad formal a intereses particulares y donde el principal riesgo para la élite no es perder el poder político, sino enfrentar responsabilidad penal nacional o internacional por delitos de alcance transnacional.
- La amnistía en Venezuela como ejemplo de diferencia dinámica
La ley de amnistía que se debate en Venezuela en 2026 está concebida —según su primer debate— para liberar a presos políticos y corregir detenciones arbitrarias desde 1999, excluyendo expresamente delitos graves como homicidio, tráfico de drogas, violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.
Esto marca una diferencia crucial:
✔ No es una amnistía para los líderes del régimen.
✔ No pretende proteger delitos graves ni estructuras criminales.
✔ Pretende liberar a ciudadanos perseguidos por su actividad política.
Esto lo hace un instrumento legítimo y necesario dentro de una transición —pero no suficiente. La crítica de organizaciones como Foro Penal y familias de detenidos es que aún muchos presos políticos podrían quedar excluidos por cómo se interpreta el texto y que faltan elementos cruciales como reparación, claridad jurídica y garantías de no repetición. Este debate demuestra algo esencial: una amnistía en Venezuela no puede imitar la función instrumentada en transiciones clásicas. No es simplemente una concesión para liberar presos políticos. Es una pieza dentro de un conjunto mucho más complejo: la apertura del sistema político sin blindar el aparato criminal que lo sostenía.
- Las leyes necesarias para una Transición de Estado Capturado
La TEC requiere no una sola ley, sino un cuerpo jurídico interrelacionado que defina claramente:
- Ley de Amnistía Política Condicionada
- Libertad de presos políticos.
- Exclusión categórica de delitos graves.
- Requisitos de no repetición.
- Ley de Justicia Transicional Estructural
- Comisiones de verdad con mandato internacional.
- Reparación integral.
- Procedimientos de investigación judicial independientes.
- Ley de Reforma Judicial y de Seguridad del Estado
- Depuración de jueces y fiscales.
- Reestructuración de cuerpos de seguridad con estándares internacionales.
- Ley de Cooperación Internacional Transicional
- Mecanismos de cooperación con jurisdicciones internacionales en casos de crímenes transnacionales.
- Intercambio de información y extradiciones cuando corresponda.
- Marco de Garantías de No Persecución Arbitraria
- Protección para nuevos actores políticos.
- Garantías para quienes colaboren con la justicia.
Estas leyes no son simples parches. Constituyen un nuevo modelo de regulación transicional adaptado a un Estado que ha sido capturado ideológica, criminal y estructuralmente.
- Pasos estratégicos en una TEC (Transición de Estado Capturado)
- Establecimiento de una comisión de verdad con observadores internacionales.
- Reforma profunda de poderes judiciales y sistemas de seguridad.
- Desmantelamiento de redes criminales incrustadas en el Estado y cooperación internacional.
- Proceso electoral creíble bajo nuevas reglas y marcos institucionales.
VII. El papel de Estados Unidos y la prioridad de intereses
El camino de la transición no es lineal, sino secuencial y calibrado para balancear justicia, estabilidad y reinserción democrática. En Estados capturados, los actores externos no interactúan con instituciones neutrales, sino con estructuras previamente colonizadas por redes de poder que alteran la lógica formal del Estado. Esta realidad condiciona inevitablemente la participación internacional y, en particular, el rol de los Estados Unidos en el proceso venezolano. La participación de los Estados Unidos en Venezuela en 2025-2026 no puede analizarse como una simple política de promoción democrática. Tiene una dimensión estratégica más amplia que incluye:
🔹 Preservar influencia hemisférica.
🔹 Control sobre recursos energéticos claves (petróleo venezolano).
🔹 Estabilización regional y control de flujos migratorios.
Esto obliga a una lectura honesta. EE. UU. no está actuando únicamente por valores democráticos. Bajo la administración de Donald Trump, la política exterior privilegia el realismo estratégico. La política exterior responde a una jerarquía clara de intereses nacionales donde recursos estratégicos y estabilidad regional pueden pesar tanto o más que la promoción normativa de la democracia.
Varias señales ilustran esta realidad:
- Licencias y flexibilizaciones petroleras orientadas a reactivar producción y facilitar operaciones energéticas estadounidenses.
- La operación de enero 2026 que culminó con la captura de Nicolás Maduro estuvo acompañada por negociaciones energéticas y de cooperación con autoridades interinas.
- Dentro de Washington persisten tensiones entre prioridades de seguridad, energía y democracia.
Esto no constituye una crítica moral, sino un dato estratégico que debe integrarse cuidadosamente en el diseño de la transición.
VIII. El peligro de la “costumbre política” frente al gobierno de Delcy
Uno de los riesgos más relevantes —y menos discutidos— es que la Casa Blanca adopte una lógica pragmática de bajo costo: relacionarse con quien garantice estabilidad operativa inmediata. En este contexto aparece la figura de Delcy Rodríguez como interlocutora funcional. El problema no es personal. Es estructural. Si Washington prioriza:
- Flujo energético estable,
- Control migratorio,
- Cooperación mínima de seguridad,
puede terminar normalizando una estructura que no ha sido desmontada. Esto sería peligroso porque:
- La continuidad de actores centrales del antiguo régimen plantea interrogantes sobre la profundidad de la transformación institucional.
- Una relación funcional y cómoda puede legitimar continuidad sin reforma.
- Una estrategia energética eficiente para EE. UU. no implica necesariamente democratización real.
El riesgo se materializa cuando la geopolítica y los recursos se vuelven la cuenta prioritaria, desplazando la reconstrucción institucional profunda. Una política basada exclusivamente en recursos puede producir estabilidad superficial, pero no consolidación democrática.
- Implicaciones políticas y jurídicas
Siguiendo el marco de la Transición de Estado Capturado, la participación estadounidense no puede sustituir la arquitectura jurídica interna. Debe ser complementaria. Esto exige dos condiciones claras:
Comprensión estratégica en Washington. Estados Unidos debe entender que:
- Liberar presos políticos (mediante amnistía) es necesario pero insuficiente.
- Apertura electoral sin reforma institucional reproduce captura.
- El sistema judicial y de seguridad requiere reconstrucción estructural.
- No se puede aplicar el modelo chileno o polaco a un Estado penetrado por redes criminales.
- Se requiere apoyo a marcos jurídicos que desmonten incentivos ilícitos
- Se requiere respaldar:
- Leyes de justicia transicional adaptadas al caso venezolano.
- Cooperación judicial internacional frente a delitos transnacionales.
- Reformas de seguridad y justicia con supervisión técnica.
De lo contrario, la política estadounidense se reducirá a estabilización táctica de corto plazo, donde el objetivo explícito será el control de recursos, no la refundación institucional.
Conclusión
La transición venezolana no debe pensarse como un proceso clásico de redemocratización porque el contexto institucional, geopolítico y criminal es radicalmente distinto. La amnistía a presos políticos —que excluye delitos graves— es un paso necesario, pero solo una pieza dentro de una arquitectura legal mucho más amplia y estructural.
Lo que requiere Venezuela es una Transición de Estado Capturado (TEC) —un modelo legal y político que:
✔ Reconozca la captura institucional del poder,
✔ Proteja libertades fundamentales sin blindar criminalidad,
✔ Introduzca mecanismos legales que fomenten la desarticulación del entramado criminal,
✔ Asegure justicia, reparación y no repetición,
✔ Y construya condiciones mínimas para una democracia sostenible.
Sin este marco, cualquier transición corre el riesgo de ser superficial, parcial o revertida. La transición de Venezuela no será un espejismo de pactos de élites; será un proceso jurídico profundo y estratégico para reconstruir un Estado que ha sido secuestrado desde adentro. Si Estados Unidos entiende esto puede convertirse en catalizador de una reconstrucción institucional sostenible y puede alinear intereses estratégicos con estabilidad democrática duradera. Una estrategia centrada exclusivamente en estabilización energética puede generar resultados operativos inmediatos, pero no necesariamente consolidar un marco institucional sostenible y podría llevar a consolidar una nueva normalización autoritaria. El dilema no es democracia versus intereses nacionales. El dilema es corto plazo versus estabilidad estructural de largo plazo. Y desde la teoría de consolidación democrática, las transiciones mal diseñadas no fracasan inmediatamente. La diferencia entre estabilidad transaccional y estabilidad institucional determinará si Venezuela se convierte en socio confiable o en riesgo estructural recurrente.