La publicación del Manifiesto de Panamá representa probablemente el documento político más importante producido por la oposición venezolana desde las elecciones del 28 de julio de 2024. El texto reconoce el liderazgo de María Corina Machado, reivindica el mandato popular obtenido por Edmundo González Urrutia y propone una negociación política acompañada por Estados Unidos para restaurar la democracia venezolana. Sin embargo, más allá de sus méritos políticos, el documento plantea una pregunta fundamental:
¿Es suficiente una ruta de negociación, acuerdo nacional y elecciones para desmontar la estructura de poder que gobierna Venezuela? Mi respuesta es no.
Y precisamente allí aparece la principal diferencia entre el enfoque del Manifiesto de Panamá y la teoría de la Transición de Estado Capturado (TEC) que he desarrollado para analizar el caso venezolano.
Lo que el Manifiesto entiende correctamente
Sería un error analizar el documento únicamente desde una perspectiva crítica. El Manifiesto reconoce varios elementos esenciales:
- La legitimidad del mandato ciudadano del 28 de julio de 2024.
- La necesidad de una negociación política.
- La importancia del apoyo internacional.
- La necesidad de elecciones libres.
- La construcción de un Gran Acuerdo Nacional.
- La importancia de la unidad opositora.
También reconoce explícitamente el esquema propuesto por Marco Rubio de:
Estabilización → Recuperación → Transición
como marco estratégico para Venezuela. Todos estos elementos tienen valor político. El problema es que ninguno responde completamente a la pregunta más importante:
¿Cómo se desmonta la estructura institucional que permitió la captura del Estado venezolano?
El supuesto implícito del Manifiesto
El documento parece partir de un supuesto que ha dominado gran parte del pensamiento opositor durante años: Que Venezuela enfrenta principalmente un problema de democratización. Si ese diagnóstico fuera correcto, la solución sería relativamente sencilla:
- negociación,
- elecciones,
- alternancia,
- gobierno de unidad,
- recuperación económica.
Pero el problema venezolano es más profundo. Como sostengo en la teoría de la Transición de Estado Capturado, Venezuela ya no enfrenta únicamente un régimen autoritario. En Venezuela se produjo una integración progresiva entre poder político, instituciones, sistema judicial, rentas económicas y aparatos coercitivos, formando una arquitectura de autoprotección estructural.
En términos simples:
No estamos frente a un gobierno que controla el Estado.
Estamos frente a un sistema que se integró dentro del Estado. Y esa diferencia cambia completamente la naturaleza de la transición.
El Manifiesto prioriza la dimensión político-electoral de la transición, mientras que la TEC incorpora una dimensión adicional: la reconstrucción institucional del Estado. No se trata de enfoques necesariamente incompatibles, sino de niveles distintos de análisis. El primero se concentra en cómo alcanzar la transición; el segundo en cómo hacerla sostenible una vez alcanzada.
Lo que el Manifiesto no responde
El documento dedica gran atención a la negociación política. Sin embargo, prácticamente no desarrolla respuestas concretas a preguntas fundamentales:
- ¿Cómo será reformado el Tribunal Supremo de Justicia?
- ¿Cómo será reconstruido el Ministerio Público?
- ¿Cómo se depurarán los organismos de inteligencia?
- ¿Cómo se reestructurarán los cuerpos de seguridad?
- ¿Cómo se recuperarán activos presuntamente saqueados?
- ¿Cómo se evitará la recaptura futura de las instituciones?
- ¿Cómo se diferenciará entre actores cooperantes y actores irreductibles?
Estas preguntas constituyen precisamente el núcleo de la descaptura institucional. El Manifiesto habla de transición. Pero habla poco de reconstrucción institucional. Y en un Estado capturado, ambas cosas no son equivalentes.
El gran vacío: los incentivos de salida
Uno de los elementos más innovadores de la TEC es el concepto de Transformación Estratégica de Incentivos de Salida (TEIS). La teoría parte de una observación sencilla: Los miembros de la coalición dominante no permanecen unidos únicamente por ideología. Permanecen unidos porque comparten beneficios, vulnerabilidades y riesgos. Muchos dependen del sistema para proteger patrimonio, posiciones de poder, seguridad personal o exposición jurídica. Por ello, una transición no puede construirse únicamente sobre presión externa o expectativas electorales.
Debe modificar estratégicamente los incentivos que sostienen la cohesión del bloque dominante. Sin fractura interna no hay transición. Sin incentivos diferenciados no hay fractura. Y el Manifiesto de Panamá no desarrolla una estrategia para producir esa fractura.
La diferencia entre transición política y descaptura institucional
El Manifiesto propone:
- Negociación.
- Acuerdo nacional.
- Elecciones.
La TEC propone una secuencia distinta:
- Investigación independiente.
- Reforma judicial.
- Reconfiguración de organismos de seguridad.
- Recuperación internacional de activos.
- Garantías diferenciadas e incentivos de salida.
- Elecciones bajo una nueva arquitectura institucional.
La diferencia es enorme. En el Manifiesto, las elecciones son el objetivo central. En la TEC, las elecciones son la culminación de un proceso previo de descaptura.
El riesgo de la normalización
Quizás la mayor advertencia contenida en la teoría TEC es el concepto de riesgo de normalización. La normalización ocurre cuando:
- aumentan las relaciones diplomáticas;
- se reducen sanciones;
- regresa la inversión;
- mejora la producción petrolera;
- se estabiliza la economía;
pero la estructura interna de poder permanece intacta. Desde afuera parece una transición. Desde adentro sigue siendo captura. El riesgo es particularmente relevante porque el propio Manifiesto respalda el esquema de estabilización y recuperación promovido desde Washington.
La pregunta crítica es: ¿Qué ocurre si la estabilización llega antes de la descaptura?
La respuesta es sencilla. La estabilización puede terminar fortaleciendo precisamente las redes que deberían ser transformadas.
Washington aparece en el centro del tablero
Un aspecto donde el Manifiesto y la TEC coinciden parcialmente es en reconocer la importancia estratégica de Estados Unidos. Sin embargo, mientras el Manifiesto ve a Washington principalmente como facilitador de una negociación política, la TEC lo observa como el principal espacio donde se está definiendo la arquitectura internacional de la transición.
Hoy en Washington se discuten simultáneamente:
- sanciones;
- petróleo;
- inversión;
- migración;
- cooperación judicial;
- seguridad hemisférica;
- normalización diplomática.
Y quien logre influir sobre ese debate tendrá una enorme capacidad para moldear el futuro venezolano. Por eso la oposición debería llevar a Washington no solamente una propuesta electoral. Debería llevar una propuesta integral de descaptura institucional.
El Riesgo de la Política de Posiciones
Existe además una preocupación que el Manifiesto de Panamá no aborda de manera suficiente. Una parte importante del debate opositor parece estar concentrándose en quién liderará la transición, quién regresará al país, quién ocupará posiciones de gobierno y quién administrará el futuro proceso político.
Ese comportamiento es comprensible. Toda transición genera expectativas legítimas de participación política. Sin embargo, existe una diferencia fundamental entre prepararse para gobernar y prepararse para ocupar cargos.
La impresión que perciben muchos venezolanos es que algunos actores políticos parecen más enfocados en ubicarse dentro del futuro escenario de poder que en diseñar las condiciones institucionales necesarias para que ese escenario sea viable y sostenible.
Después de más de dos décadas de deterioro institucional, la prioridad nacional no debería ser la distribución anticipada de espacios políticos. Debería ser la reconstrucción de las instituciones que harán posible la gobernabilidad futura.
La historia demuestra que muchas transiciones fracasan cuando la discusión sobre cuotas de poder sustituye la discusión sobre arquitectura institucional. Cuando los actores políticos compiten por posiciones antes de resolver las reglas del sistema, el resultado suele ser una democracia superficial, vulnerable a nuevas formas de captura y concentración de poder.
El desafío venezolano exige una lógica distinta. Antes de discutir ministerios, candidaturas o futuras cuotas de representación, es necesario responder preguntas más profundas: ¿qué sistema judicial tendrá Venezuela?, ¿cómo se evitará una nueva captura institucional?, ¿cómo se reconstruirá el Estado?, ¿cómo se garantizará la independencia de los organismos de control?, ¿cómo se profesionalizará la administración pública?
La reconstrucción institucional debe preceder a la distribución del poder político. De lo contrario, la transición corre el riesgo de convertirse en una disputa por administrar las estructuras heredadas, en lugar de transformarlas.
Desde esta perspectiva, el problema no es que existan líderes que aspiren a participar en una futura transición. El problema es que Venezuela aún no ha definido suficientemente la transición misma. Y cuando la discusión sobre los cargos avanza más rápido que la discusión sobre las instituciones, la política comienza a mirar hacia sí misma en lugar de mirar hacia el país.
La gran oportunidad perdida
El Manifiesto de Panamá pudo haber sido el documento que incorporara por primera vez una agenda integral de reconstrucción institucional. Pudo haber planteado:
- Comisión de Verdad e Investigación.
- Reforma judicial verificable.
- Recuperación internacional de activos.
- Reestructuración del aparato coercitivo.
- Vetting institucional.
- Garantías diferenciadas para actores cooperantes.
- Mecanismos de prevención de recaptura.
No lo hizo. Y esa ausencia resulta particularmente relevante porque deja sin respuesta la cuestión central de toda transición sostenible: cómo reconstruir las instituciones que deberán gobernar el día después. La ausencia de estos elementos no invalida el Manifiesto. Pero sí deja abierto el interrogante de cómo se ejecutaría la transición una vez alcanzado un acuerdo político o una elección competitiva.
Conclusión
El Manifiesto de Panamá constituye un avance político importante. Reconoce liderazgo, unidad, negociación y respaldo internacional. Puede convertirse en una herramienta útil para movilizar apoyos internos y externos y para mantener viva la presión democrática sobre el régimen venezolano. Sin embargo, continúa operando, en gran medida, dentro de la lógica tradicional de la transición democrática.
La teoría de la Transición de Estado Capturado (TEC) parte de un diagnóstico distinto. Venezuela no enfrenta únicamente un problema de alternancia política ni exclusivamente un problema electoral. Enfrenta la existencia de una estructura de poder donde el control institucional, el acceso a rentas, el blindaje judicial y los mecanismos coercitivos se integraron progresivamente dentro de una misma arquitectura de autoprotección.
Y cuando el diagnóstico es diferente, la solución también debe ser diferente.
La pregunta fundamental para Venezuela ya no es solamente cómo llegar a unas elecciones. La pregunta es cómo reconstruir las instituciones que harán posible que esas elecciones produzcan una democracia real, estable y sostenible. La experiencia internacional demuestra que la alternancia política puede cambiar gobiernos, pero no necesariamente transforma los incentivos, las estructuras ni los mecanismos que hicieron posible la captura del Estado.
Por ello, el verdadero debate venezolano no debería concentrarse únicamente en quién encabezará una futura transición, quién regresará al país o quién ocupará posiciones de poder en un eventual gobierno democrático. La cuestión central debería ser qué instituciones existirán cuando esa transición ocurra, cómo serán reconstruidas y qué mecanismos impedirán que vuelvan a ser capturadas en el futuro.
En ese sentido, El principal aporte del Manifiesto de Panamá es haber reabierto el debate sobre la transición venezolana. Sin embargo, ese debate apenas comienza y todavía debe incorporar preguntas fundamentales sobre la reconstrucción institucional del Estado. Porque la negociación, las elecciones y los acuerdos nacionales pueden ser condiciones necesarias para la democratización, pero no son suficientes para garantizar la reconstrucción de la República.
Venezuela enfrenta un desafío mayor: la transición de un Estado capturado. Y mientras la oposición democrática, los actores internacionales y los diseñadores de políticas públicas no incorporen plenamente esa realidad al centro de su estrategia, persistirá el riesgo de alcanzar una transición política sin haber construido previamente las condiciones institucionales necesarias para que esa transición sea duradera.
La historia demuestra que las elecciones pueden cambiar gobiernos. La descaptura institucional puede reconstruir una República. Y la verdadera prueba de la transición venezolana no será quién gane la próxima elección, sino qué Estado emergerá después de ella
Por Emir Moros Adams
31 de mayo 2026